Empezó marzo y varios colegios privados iniciaron las clases, así como algunas universidades e institutos de enseñanza superior.
Según las recientes estadísticas del último reporte sobre protección al consumidor emitido por INDECOPI, se realizaron 1,244 supervisiones a nivel nacional, de las cuales 293 en Lima y 951 en provincias. Las infracciones mas recurrentes en este sector tienen que ver con la idoneidad y el deber de información de los centros educativos privados.
En el caso de idoneidad, están el direccionamiento en la compra de útiles y uniformes, no contar con el Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso, cobro de cuotas extraordinarias o no autorizadas, fórmulas intimidatorias para el cobro de pensiones, exigencia de la presentación de la totalidad de útiles al inicio del año, entre otras y en el caso el deber de información cuando no se brinda oportuna y claramente el monto, número y oportunidad de pago de las cuotas o pensiones del siguiente período educativo, condiciones de la certificación que será otorgada. Asimismo, el Indecopi esta poniendo énfasis en verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de hostigamiento y acoso entre estudiantes (Ley N° 29719).
Además de las denuncias o procedimientos sancionadores tramitados, se resolvió 983 denuncias relacionadas con la actividad educativa, las que fueron menores en 19.3% con respecto al año previo.
Se impusieron un total de 498 sanciones por infracciones en materia de protección del consumidor a un total de 244 proveedores (léase centros educativos) de servicios educativos. En términos de multas, se impuso un total de 1,221.8 UIT (equivalentes a alrededor de S/ 4.9 millones). Cabe destacar que, según número de sanciones, el 53% del total se impuso por falta de idoneidad, 13.3% por deber de información, entre otros.
Muchas veces los centros educativos son multados por no contar con la información o asesoría especializada para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la normativa de protección al consumidor, lo cual incluye aquella publicidad que pueda considerarse engañosa.
Por ejemplo, en un reciente comunicado, el INDECOPI ha informado que han sido multadas en primera instancia, un total de 20 “colegios informales” que impartían servicios educativos sin contar con autorización del Ministerio de Educación (Minedu) e impuso multas por un total de S/ 1'006,614 (UN MILLÓN SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE SOLES).
Cabe precisar que si dichos colegios informales además hubieran difundido publicidad (volantes, flyers, paneles, etc.) que daría a entender que se tratarían de colegios legales, cuando ello no sería cierto, en tanto no se encontrarían autorizados para brindar dicho servicio podrían ser sancionados adicionalmente por publicidad engañosa.
